La Defensoría del Pueblo ha publicado el Reporte de Conflictos Sociales N° 90, correspondiente al mes de agosto de este año. El informe da cuenta de la existencia de 214 casos registrados, cantidad que se ha mantenido con respecto al mes de julio. Del número total de conflictos, 141 se encuentran activos (66%) y 73 son conflictos latentes (34%).
Los departamentos que presentan mayor cantidad de conflictos sociales son Puno (21), Ancash (17) y Cajamarca (16). Asimismo, se han registrado ocho nuevos conflictos, siendo seis de carácter socioambiental, involucrando, en su mayoría, a comunidades con empresas mineras. Por otro lado, se reactivaron cinco casos, y se resolvieron cuatro conflictos.
Además, cabe precisar que del total de conflictos, 119 casos son de tipo socioambientales (55,1%), seguido por 22 asuntos de Gobierno Local (10,3%), y por Asuntos de Gobierno Nacional con 21 (9,8%).
¿Democracia?
A pesar de que la Defensoría del Pueblo hiciera un llamado a las autoridades por los conflictos sociales internos, el ex gobierno aprista se mantuvo un tanto al margen de esta problemática.
Según el jefe de la Oficina de Gestión de Conflictos Sociales de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), Víctor Caballero Martín, precisó que durante el régimen pasado la cifra de muertos en conflictos ascendió a 191 personas, atribuyendo como resultado a la mala práctica en la prevención y tratamiento de estos hechos.
Además, el funcionario agregó que de este total, 153 fallecidos fueron civiles mientras que 38 pertenecían al ámbito castrense.
Acto ejemplar
Mientras que en el mandato presidencial de Alan García no se dio la importancia debida a la famosa Consulta Previa, originando muertes innecesarias, el ingreso del nuevo gobierno realizó lo contrario.
A solo un mes de gestión del presidente Ollanta Humala, se dio un gran paso en la confluencia de Estado y comunidades nativas. Se promulgó, desde la ciudad de Bagua, departamento de Amazonas, la Ley de Consulta Previa, otorgando a los pueblos indígenas u originarios del país el derecho a pronunciarse sobre eventuales proyectos de carácter extractivo en sus territorios, y se basa en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Se espera que con el pasar de los meses el Gobierno obtenga la madurez necesaria para que actúe con celeridad y justicia en cada conflicto social, sin acarrear muerte y odio entre peruanos.
Ver Mapa de los conflictos sociales en Perú en un mapa más grande
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